“El esquema de seguridad que mantuvo el procurador general Alejandro Ordóñez Maldonado durante el ejercicio del cargo obedeció a las circunstancias del orden legal y fácticas concomitantes con su ejercicio”, manifestó en rueda de prensa la procuradora general de la Nación, Martha Isabel Castañeda Curvelo, aclarando aspectos relacionados con el esquema de seguridad del exprocurador.

“El decreto 262 de 2000 consagra la obligatoriedad de la entidad de mantenerle seguridad a ciertos funcionarios acorde con las funciones y las situaciones que se hayan presentado”, agregando que durante el segundo periodo del exjefe del Ministerio Público “se suscitaron algunos hechos, por ejemplo el disparo efectuado a una de las camionetas asignadas a su esquema y en el que en esa fecha se desplazaba poco antes la señora Beatriz Hernández de Ordóñez, su esposa”.

“Meses después, desde el exterior del edificio de la Procuraduría, un proyectil impactó en una de las oficinas en que acostumbraba el doctor Ordoñez estudiar los casos”, además de eso, “por inteligencia militar, se conoció que uno de los frentes de las FARC estaba adelantando la contratación a efectos de atentar contra la humanidad del procurador o uno de los integrantes de su núcleo familiar”.

Estas situaciones obligaron a las autoridades policiales y militares a reforzar el esquema del doctor Ordóñez Maldonado, con el que permaneció hasta el pasado 23 de septiembre.

Sobre la polémica generada en torno a este tema, la doctora Castañeda Curvelo aseveró que “no es cierto que cuente con 16 vehículos o un número considerable de escoltas, en la actualidad, su esquema está conformado con un menor número”.

“Internamente existen varias resoluciones que contemplan la obligación de proteger a ciertos exservidores de la Procuraduría, resoluciones que se expidieron para dar alcance al Decreto 262 del 2000”, por ejemplo, “al doctor Gustavo Arrieta se le prestó protección por la División de Seguridad de esta institución, durante 6 años; al doctor Jaime Bernal Cuellar durante 7 años; y al doctor Edgardo Maya Villazón por 4 años”, afirmó la jefe del ente de control.

Finalmente, la procuradora general de la Nación fue precisa al decir que “le corresponde al Estado, a través de la fuerza pública, y a la División de Seguridad de la Procuraduría, continuar garantizando la seguridad al exprocurador general de la Nación y a su familia con los medios logísticos y humanos determinados en las normas respectivas”.